Alguna vez opiné en este blog sobre las razones que nos asisten para apoyar u oponernos a determinada medida, plan o gobierno. Decía entonces que por acción u omisión. Por estar a favor directamente con las medidas que se toman, conociendo sus consecuencias y a las partes. O por ver quiénes son los que se oponen y rápidamente buscar las razones por las que apoyamos con el solo fin de sabernos de la vereda de enfrente de esos opositores.
Los conflictos con la Sociedad Rural y sus aliados nos han facilitado las cosas. Ya no hay que ponerse a analizar en detalle ni conocer las ventajas de la soja transgénica. No es necesario conocer la cantidad de milímetros que tienen que caer en enero en la pampa húmeda ni los precios del mercado a futuro de Chicago. Solo basta con verles la cara, oír sus discursos y conocer un poco de la historia de nuestro país.
Ante la posibilidad de que el Estado Nacional intervenga en otra área de la economía (ya interviene en la política cambiaria, exportadora, impositiva, en combustibles, etcétera), la oposición de la Sociedad Rural y sus aliados parlamentarios levantó las antenitas y publicó una destacada solicitada en los principales diarios del país. La negativa a una nueva intervención es total.
El hecho de que las economías mundiales más neoliberales estén virando hacia el intervencionismo no parece importarles. Nadie dice nada de la compra de más del 35% de las acciones del Citi por parte del gobierno de los Estados Unidos. Quedará con directorio mixto uno de los emblemas del libre mercado. El principal accionista del Citi es ahora un país. Se puede decir que es el Citi un banco estatal. Sin embargo hay silencio al respecto.
Que los principales productores de alimentos del mundo tengan esta nacionalización de la comercialización de los productos agrícolas parece tampoco ser importante para la Sociedad Rural. En breve sacarán ejemplos de países sin intervención en la economía agrícola como Mónaco, el Vaticano o Luxemburgo. Pero nunca oiremos de parte de ellos hablar de Australia, Nueva Zelanda, para hablar del hemisferio sur y países con cultivos y clima muy similares al nuestro, o Canadá o Estados Unidos en el hemisferio norte.
“Sus efectos serían aún más devastadores que la Resolución 125, y seguramente colocarían al país en un escenario de mayor conflictividad social del que ya se vivió en 2008”, fueron las palabras elegidas por la Sociedad Rural para referirse al tema. Ahora veamos, la Sociedad Rural habla de conflictividad social. ¿Qué entienden los Biolcati por conflictividad social? ¿Hará referencia a las villas como la 1.11.14, la 31 y 31 bis, o la 21? ¿Estará el presidente de la Sociedad Rural pensando en el déficit de vivienda o se referirá a la desigualdad social que existe entre el barrio norte y José C. Paz? ¿Qué quieren decir la Sociedad Rural y sus aliados parlamentarios como el PRO y la CC cuando hablan de conflictividad social?
Fieles a que el mundo y sus problemas empiezan y terminan en su ombligo, el vicepresidente de CARBAP sostuvo que volver a implementar esos organismos significaría un retroceso en momentos que “ya casi no existen en el mundo civilizado de los negocios”. No sabe el defensor de la última dictadura nada de una crisis internacional de consecuencias no previsibles aún que está llevando a los países más defensores del libre mercado a intervenir en la economía más que nunca. No sabe porque poco le importa lo que ocurra tranqueras afuera. Nunca le importó.
La globalización nos incorporó al mundo con sus ventajas y desventajas. Para las empresas ya no existen fronteras. Las medidas implementadas por los gobiernos de China, Japón, España o Argentina son de vital importancia para toda multinacional. En el campo la televisión la provee DirecTV, las camionetas son de la japonesa Toyota (aunque se fabriquen en Argentina), las comunicaciones pertenecen a empresas italianas, españolas o mexicanas, los insumos son de Monsanto (EEUU), Syngenta (Suiza) o Cargill (EEUU). La globalización nos llegó a todos. La crisis económica nos llegó con la misma intensidad, o nos llegará en breve, que la telefonía móvil. ¿Tiene o no tiene el gobierno argentino la obligación de tomar la mayor cantidad de medidas que apunten a minimizar los efectos de esta crisis en nuestra economía? Si todos estamos de acuerdo en que sí tiene: ¿Debe pensar el gobierno, como administrador del Estado, en cuidar primero a los más pobres y desprotegidos de la economía? Por último, ¿Están en peores condiciones los dueños de la tierra o los sin techo? ¿Es más urgente mantener el empleo o que los socios de la Rural vendan libremente lo que sus tierras producen? Si Estados Unidos nacionaliza el Citi, ¿Qué debería nacionalizarce en Argentina? ¿Tiene la administración de Cristina Kirchner facultades para resolver la nacionalización de parte de la cadena de alimentos?
