A propósito del voto de Cobos. Por RC (*)

Mientras el periodismo exalta la figura de Cobos, remarcando su temple y valentía, el modo en que logró superar en la sesión del Senado del miércoles pasado los condicionamientos que se le atribuyen por izquierda y derecha a la política kirchnerista, el Vicepresidente de la Nación vive sus días de gloria en la provincia de Mendoza, luego de un raid automovilístico por las provincias más ricas de nuestro país que coronó con un saludo desde algún balcón.

La clase media celebra el voto independiente y sensato, sincero, sentido, franco, del vicepresidente. En ello encuentra un resurgimiento de la república, un desafío a la “hegemonía” de los Kirchner y a su “soberbia” y, sobre todo, un noble ejercicio de la representación parlamentaria.
Sorpresivamente, nadie cuenta cuál era el alcance de la votación que llevó a cabo el miércoles pasado y que el vicepresidente Cobos ayudo a dirimir.
La ley aprobada en el Congreso de la Nación y que se discutió en el Senado,  mantenía el régimen de retenciones móviles que se pusiera en práctica con la Resolución 125/2008, pero sólo para el 20 % de los productores más ricos del país. El 80% restante, a través de las compensaciones votadas por el propio Congreso en la misma ley, se encontraría en una situación igual o mejor a la que estaba al 1° de marzo de este año.
Para muchos, las retenciones serían las mismas que entonces, mientras que para otros, los más pequeños, serían inferiores.  El universo de los beneficiados por el proyecto en cuestión, alcanzaba a quienes cuentan con una producción anual que sólo en soja (sin contar otros cultivos o producciones que pueden complementar durante el resto del año a ese cultivo, cuyo ciclo de producción es de aproximadamente seis meses), podría alcanzar la cifra aproximada de un millón quinientos mil dólares. Se trata de productores que cuentan con un capital de entre 2 y 5 millones de dólares y que en los últimos 5 años obtuvieron cuantiosas ganancias por factores ajenos a su desempeño (como el dólar caro que mantiene el gobierno o el aumento internacional de los precios de los alimentos).
La norma cuya aprobación impidió Julio Cobos, mantenía el nivel de retenciones de la famosa Resolución 125 únicamente para los productores con más de mil quinientas toneladas, los cuales representan el 20 por ciento de la totalidad de los productores argentinos. Serían, posiblemente, 20.000 productores, de un universo de cien mil, los que debían afrontar estas retenciones. Entre ellos, se encuentran los tradicionales exponentes de la oligarquía argentina, con extensiones que superan en muchos casos las 20.000 hectáreas.
Ese ínfimo porcentaje de argentinos era el único que de acuerdo a la ley que se debatió días atrás en el Senado, se encontraría obligado a soportar retenciones mayores a las existente a marzo de este año.
La ley que Julio Cobos ayudó a que no fuera aprobada, fue una ley que sólo afectaba a las personas más ricas de nuestro país y que por la vigencia de esta norma no se encontrarían impedidas de seguir trabajando, exportando y enriqueciéndose, como quedó demostrado durante los casi cuatro meses de conflicto, en los que en ningún momento se puso en duda que las retenciones móviles comprometieran la extraordinaria rentabilidad de los grandes productores.
Como contrapartida, la votación de Julio Cobos al mismo tiempo colaboró a la consolidación del modelo sojero que a esta altura no es necesario explicar, aunque sí recordar lo que representará de acá en adelante: a) aumento de los precios de los alimentos; b) destrucción de la cultura agraria en manos del negocio financiero; c) paulatina desaparición de las producciones alternativas a la soja como trigo, maíz, carne, leche, con los consecuentes riesgos de abastecimiento para el mercado local y el lógico encarecimiento de tales productos; g) nefastos problemas ambientales –desertización- y sociopolíticos – como la expulsión de sus tierras de las poblaciones originarias-; h) importantes pérdida de empleos en el sector industrial, por la disminución de la competitividad originada en la baja del dólar.
En suma, el 99% de argentinos que se habrían visto beneficiados con la aprobación de esta norma, sufrirán en el corto, mediano o largo plazo, según el caso, los efectos perniciosos de que eso no haya ocurrido gracias al voto del vicepresidente Cobos.
Más allá de los daños institucionales y políticos –todavía inconmensurables-, los daños a la economía argentina de esta decisión resultan ya cuantificables.
Nuestras percepciones políticas, nuestras fuentes de información, el compromiso con nuestra situación socioeconómica o laboral, deberían ser revisadas, si consideramos que decisiones como la de Cobos representan a la voluntad popular y traducen fielmente los intereses de los votantes.
Tal vez la respuesta a las inquietudes que pueda plantearnos ese examen, podremos encontrarlas en la particular fórmula que el vicepresidente Cobos eligió para emitir su voto. En lugar de expresar que su voto era por la negativa, o que rechazaba el proyecto aprobado en el congreso, culminó su intervención con una extraña fórmula: mi voto, dijo, no es positivo.
Probablemente, con la sinceridad que anunció tener, estuviera pensando en los intereses de los más de treinta millones de argentinos que habiéndolo votado o no, se verán perjudicados con su decisión.

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(*) Así está firmado tal como me llegó, así lo publico.

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